El Estado ¿empresa privada o interés público?

A estas alturas del mes es más que probable que la mayoría de los españoles hayan leído u oído algo respecto a la entrevista a Mariano Rajoy en el diario El País. Siendo normalmente bastante evasivo con respecto a sus planes en caso de que llegara al gobierno, sorprende que se haya lanzado a mostrar sus ideas tan alegre y repentinamente. Claro que hay que pensar que las encuestas les dan hasta 14 puntos de ventaja sobre el PSOE así que juegan sobre seguro.

No obstante la sensación que me transmite esta entrevista es que el líder del PP habla pero no se moja en exceso y evita las respuestas más comprometedoras mostrándose ambiguo y contradictorio en muchas ocasiones. Pero no es mi intención diseccionar la entrevista -quizás haya ocasión en otro artículo- sino más bien hacer una pequeña reflexión tras leerla.

El titular que El País destaca es una afirmación categórica de Rajoy “El plan de Cameron da confianza; yo haría algo similar en España” que resume, a mi entender, una falta de ideas propias típicas de la derecha de este país y lo que es el fondo de este artículo: el acoso y derribo del Estado del Bienestar.

La crisis financiera mundial ha salido muy cara en términos económicos y han sido sobre todo los gobiernos los que han cargado con el coste al ser los únicos con la suficiente capacidad y estabilidad para asumirlo. Estas ayudas financieras en su mayoría son a fondo perdido obligando por un lado a un aumento de la presión fiscal y a una reducción de los gastos por el otro.

Estas son grosso modo las causas que esgrimen los estados para cobrar más impuestos y, sobre todo, para reducir drásticamente los beneficios sociales. Según la clase política son necesarias estas medidas para evitar el colapso económico público y poder seguir ofreciendo los servicios que el Estado se ha comprometido a dar a sus ciudadanos. En nuestras sociedades occidentales el Estado ha dejado de ser exclusivamente un órgano de control y gobierno para convertirse en un garante de los derechos individuales de los ciudadanos, ofreciendo servicios para lograr no sólo la protección de los más débiles sino un alto grado de igualdad y cohesión social que evite tensiones y que ayude a desarrollar todo el potencial individual y de la comunidad para beneficio de todos.

Es enfrentando estas dos realidades que surge la duda: si los gobiernos son elegidos por los ciudadanos para que gestionen los recursos del estado en beneficio de todos ¿por qué ese interés ahora en desarmar todo lo construido durante los últimos 50 años? De repente parece ser que lo único importante es reducir a toda costa el gasto público y tener superávit fiscal aunque sea a costa de reducir los beneficios sociales. De esta forma los gobiernos comienzan a tratar los estados como si de grandes empresas se trataran, intentando maximizar el beneficio para sus accionistas. Pero incluso suponiendo que esto fuera así, los beneficiarios y accionistas de esta empresa son los ciudadanos que seguramente verán más interesante recibir mejores servicios gratuitos que ver un estado con un superávit que realmente no les repercute.

Algunos dirán con razón que ese superávit provocará una disminución de la presión fiscal para todos pero esto sólo será un beneficio claro para las economías domésticas con más ingresos, que además tienen la posibilidad de costearse esos servicios de manera privada.

Al final el planteamiento que queda en el aire es el tipo de sociedad en la que queremos vivir: una con un bajo nivel de impuestos pero menos igualitaria o por el contrario una que permita unas oportunidades similares a los individuos que la componen. En todo caso no es una decisión de los gobiernos sino de todos los ciudadanos.

Fin de la entrada.