¿Se equivoca Google?


Curiosas las dos noticias que he leído hoy. Primero en El País que Google acusa de censura al gobierno español y luego en El Mundo publican que el Parlamento Europeo ha votado casi unánimemente en contra del ACTA. En principio parecen dos cosas sin conexión aparente entre ellas, pero quizás sí que haya un nexo de unión.

A estas alturas quién más o quién menos conoce la despiadada batalla que existe por los derechos de autor. Y en esta guerra todo vale, así que los lobbys que representan a la industria presionan a los gobiernos para que endurezcan las leyes. El resultado es el ACTA, un tratado entre diferentes países para unificar los estándares en torno a la propiedad intelectual y, lógicamente, su respuesta legal cuando se viole esa propiedad. Esas medidas serían nuestras viejas conocidas de vigilancia de los usuarios, corte de la conexión, multas e incluso la cárcel. Pero lo más llamativo de todo es que el acuerdo lleva gestándose desde hace al menos dos años en el más absoluto de los secretos y a espaldas, en este caso, del Parlamento Europeo. Con estos precedentes no sorprenden los continuos intentos del gobierno español para intentar aplicar en España lo que parece querer propugnar el oscuro y secreto acuerdo que es el  ACTA.

La segunda parte de esta historia –más polémica eso si- son las acusaciones de Google contra España. Sin duda Google no es ningún ejemplo de empresa respetuosa con los derechos humanos y prueba de ello es su aceptación de “autocensura” para poder entrar en el mercado chino. Sin duda alguna esta reacción no es más que una advertencia al gobierno español por su intento de presentar su propuesta de regular a los intermediarios de Internet. Pero si obviamos esa parte y nos ponemos objetiva y fríamente a estudiar su denuncia tendríamos que admitir que tienen razón.

Las razones que alega Google para la denuncia que han lanzado son absurdas: el cierre de los blogs ha sido ejecutado por una sentencia judicial de un estado de derecho constituido y no por un censor. Yo voy más allá. En diciembre el gobierno presentó la Ley de Economía Sostenible con una disposición final que permitía la creación de un comité independiente encargado de decidir sobre el cierre de diferentes webs que promovieran el intercambio de archivos con copyright. Posteriormente y ante el rechazo popular decidieron incluir una confirmación judicial en base a una denuncia del comité independiente. O dicho de otra manera. Un comité administrativo en base a las denuncias que le llegan deciden si se cierra o no una web que contenga material protegido, y para darle legitimidad se lo llevan a un juez que únicamente tiene que certificar que todo es correcto. Esto es, a mi entender, censura. Es cierto que no alcanza los niveles de China o Irán pero cerrar un sitio web en base a las decisiones de un comité administrativo es un paso en la dirección equivocada.

Es en este punto donde las dos noticias se unen, teniendo como punto en común los derechos de autor y el recorte de las libertades ciudadanas como son el derecho a la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Estoy de acuerdo en que el movimiento de Google ha sido exagerado, pero si la LES es finalmente aprobada podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de una censura disfrazada de lucha contra la piratería.

Fin de la entrada.

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